Texto borrador para un debate
Derecho ala Interrupción Voluntaria
Derecho a
del Embarazo
Un camino
hacia la libertad y la igualdad en nuestra democracia
En la Argentina
nos encontramos transitando un proceso de cambios trascendentales en relación a
la ampliación de Derechos en sectores que históricamente fueron relegados.
La ley de matrimonio igualitario es el hito histórico que marca una
etapa de apertura al reconocimiento del pluralismo de identidades y legitima prácticas
ya existentes, como la diversidad de organizaciones familiares.
Hoy, la discusión de la ley de identidad de género; el retiro de la
figura de “avenimiento” del Código Penal; el avance sobre la punibilidad de los
crímenes de género; la lucha del movimiento feminista y de mujeres por la
incorporación del “Feminicidio” en la ampliación de los Derechos Humanos y las
luchas por la imprescriptibilidad, y la actual propuesta de modificaciones del
Código Civil y Comercial, demuestran la maduración de nuestra sociedad frente a
prácticas sociales ya instaladas desde hace tiempo.
El fallo de la
Corte Suprema de la
Nación , ha sido un avance en la ratificación del derecho a
interrumpir una gestación en los casos que la ley de 1921 ya toma como
excepcionalidades de punibilidad. La obligatoriedad de las instituciones
sanitarias y de sus agentes sobre la implementación de este derecho de las
mujeres en todo el territorio argentino, marca un antes y un después de las
ambiguas interpretaciones y sus consecuentes evasiones sobre dicho derecho.
La decisión del Máximo Tribunal se fundamenta en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Nacional ,
estableciendo que la práctica del aborto no es punible cuando el embarazo es
producto de una violación, y que las mujeres tienen el derecho a acceder a esa
práctica sin permiso judicial. Asimismo, puntualiza en la obligatoriedad de la
implementación de los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación : Guía Técnica para la Atención Integral
de los Abortos No Punibles y el Protocolo para la Atención Integral
de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales.
Este es un momento propicio para salir de la discusión sobre la
cuestión penal y empezar a discutir políticas públicas de la salud sexual y
reproductiva. De esta manera, podremos llegar a cumplir con el argumento de la
igualdad ya que este paradigma constitucional le impone al Estado argentino
hacerse cargo de respetar, proteger y garantizar derechos económicos, sociales
y culturales, individuales y colectivos, y también la obligación de atender y
responder ante situaciones especiales de desigualdad estructural.
En la Argentina ,
se estima que se realizan entre 460.000
y 600.000 abortos por año (casi un
aborto por cada nacimiento). Y estamos frente a la situación que las mujeres
abortan un promedio de 2 veces en su vida. Sabemos que es la principal causa de
mortalidad materna, las estadísticas muestran un descenso de sólo el 23% en
entre 1990 y 2008, la mitad de lo que ha alcanzado América Latina. Además,
existen brechas importantes al interior del territorio nacional. Por ejemplo,
la provincia de Formosa para el año 2008 tenía dos veces y media más que la
tasa de MM del país. Esto da cuenta de las deudas internas y las desigualdades
regionales, donde las mujeres que viven en una provincia y no en otra tienen más
riesgo de morir cuando se encuentran en ciertas etapas del ciclo reproductivo:
el embarazo, el parto y el puerperio[1].
También es sabido, que entregar cifras exactas es imposible porque la
ilegalidad de la práctica impide su registro. No obstante, sí existen
metodologías desde las cuales se hacen inferencias y estimaciones de la
magnitud del problema. El método basado en las estadísticas por egresos
hospitalarios[2]
muestra, por ejemplo, que para 2005, 68.869 mujeres fueron internadas por
complicaciones por abortos clandestinos. Cada una hora 7 mujeres egresan de un
hospital público del país después de haber internado por complicaciones debido
a un aborto [3].
En relación a las desigualdades, la MM por causalidad de aborto por provincia es un
indicador que muestra la brecha desigual estructural dentro del territorio
nacional. Por ejemplo, las provincias de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero,
Formosa y Tucumán tienen entre 3 y 4 de cada 10 MM por complicaciones de
abortos inseguros. Y la
Argentina no ha bajado su histórico 27% de muertes maternas
por aborto, desde la década de los ´90.
El pasado martes 20 de marzo se volvió a presentar en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley
de Interrupción Voluntaria de Embarazo hasta las 12 semanas de gestación y por
sola decisión de la mujer. El mismo fue acompañado por más de 50 firmas de
diputadas y diputados de todos los bloques partidarios, y quienes resaltaron
que esta ley es sumamente necesaria para cuidar la salud de las mujeres, hacer
justicia social y respetar los Derechos Humanos.
Consideramos que el derecho al aborto legal es un paso fundamental del
reconocimiento del deseo y la decisión de la maternidad, rechazando la idea de
“maternidad forzada” que hasta el momento obliga a las mujeres cuando no han funcionado
los mecanismos de educación sexual y anticoncepción, y que castiga el ejercicio
de la sexualidad libre y sin finalidad reproductiva.
La consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no morir” es una propuesta integral que condensa la
historia de la lucha de las mujeres en el terreno de la ampliación de derechos
sexuales y reproductivos de las últimas décadas. El largo camino de detección y
denuncia de desigualdades entre varones y mujeres ha demostrado que las mujeres
y el movimiento de mujeres son un actor político crucial en el ejercicio
político de visibilización y denuncia de las desigualdades y de transformación de
la vida de las mujeres. Feminismo de la igualdad, de la diferencia, el
posmoderno, queer y las poscoloniales son producto del proyecto histórico y
colectivo de desarmar y subvertir las relaciones desiguales y jerárquicas de
los género buscando la igualdad en el respeto las diferencias.
Legalización del aborto, en términos
de políticas públicas de diversidad y género es una medida crucial que tiene
directa relación con la reproducción o la disminución de la desigualdad. La
penalización del aborto es
discriminatoria y reproduce las desigualdades ligadas a las diferencias de
clase, edad, etnia, religión, entre las mujeres. Las mujeres con menor capital
económico e información específica son quienes se ven obligadas a recurrir a
métodos precario. El aumento de la mortalidad materna es mayor entre mujeres
con menores recursos, adolescentes y menores de 24 años, y, especialmente, en
los barrios carenciados del sur y oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Si las estadísticas
oficiales de los últimos años muestran que el aborto inseguro es la segunda causa de muerte materna,
muestran que se trata de un problema de salud pública y que la respuesta del
Estado debe ser integral y urgente. El aborto es el último recurso al que una mujer llega por
una serie de razones que implican la responsabilidad del Estado: porque no ha
recibido educación sexual, porque no ha accedido a un método anticonceptivo, o
bien porque su embarazo ha sido producto de una violación o abuso sexual.
La legalización del aborto exige la
despenalización a las mujeres que lo practican y el acceso garantizado en todos
los centros de salud.
Como medidas complementarias sostenemos la aplicación de la Ley de Educación Sexual; consolidación
del modelo de creación de “Consejerías pre y post aborto” que se ofrecen en algunos hospitales públicos;
talleres de capacitación del personal de salud en acompañamiento e información
sobre anticoncepción y acceso gratuito a todas las formas de los métodos
anticonceptivos (que además forma parte del Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva de 2003) y en la atención en el momento de la decisión;
distribución de anticonceptivos en los hospitales y asesoramiento del uso del
misoprostol; realización de publicaciones
y campañas populares y masivas con información básica sobre salud
sexual y reproductiva.
[1] Mariana Romero, “Mortalidad materna en Argentina: deudas y
oportunidades”, en Seminario de Acceso a la Justicia Reproductiva ,
CDD-INSGENAR, 2011.
[2] En Silvia Mario y Edith Pantelides, “Estimaciones de la
magnitud del aborto inducido en la
Argentina ”, Notas de Población Nº87, CEPAL, 2009.
[3] Mariana Carbajal, “El aborto en debate”, Buenos Aires, Paidós,
2009.
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