Comunicado de prensa


YPF: Argumentos contra las mentiras interesadas

Los argumentos para que la República Argentina recupere el pleno control sobre sus hidrocarburos son elocuentes. Primero, porque su resignación ha sido una de las medidas más graves y destructivas de la política neoliberal impulsada con vigor desde principios de los años 90. Segundo, porque el desarrollo de un país no puede quedar librado a la voluntad de reinversión de las grandes empresas transnacionales o nacionales, en un marco de regulaciones o controles laxos o (directamente) inexistentes. Tercero, porque tanto la producción energética como la apropiación de la renta resultante de las explotación de los recursos naturales son de interés de todo el pueblo argentino (su propietario).
No se puede designar con la palabra “argumentos” a las agresiones y amenazas que llegan desde altos funcionarios españoles y de los ejecutivos de sus empresas más poderosas, a las insistentes y a la vez perimidas opiniones del Fondo Monetario Internacional o a las de las  filiales políticas y mediáticas locales de tales intereses. La Argentina es un país democrático y tiene pleno derecho a ejercer su poder soberano en función de su constitución y sus leyes.
Dicen que la Argentina se ha tornado “imprevisible”. Mienten: si la Argentina hubiese tolerado pasar a ser dependiente crónica de la importación de hidrocarburos, entonces sí se hubiera tornado un país imprevisible. Dicen que empeoró el “clima de inversiones”. Falso: ha retrocedido el “clima de especulaciones” y mejoran, en consecuencia, las perspectivas económico -sociales. Dicen que quieren “negociar” con la Argentina. Mienten: quieren bloquear y, en todo caso, castigar  una decisión soberana. Dicen que están “dispuestos a invertir”. ¿Una década después del comienzo del vaciamiento de YPF? : si hubieran invertido, explorado, descubierto yacimientos, una ley como la propuesta por el Poder Ejecutivo hubiese tenido menos apoyo social. Dicen que esto “rompe la amistad” con España y que es desleal frente a la crisis y el sufrimiento por el que atraviesa la "madre patria" de miles de argentinos. Esto es perverso: las relaciones entre los argentinos y los españoles tienen enorme densidad histórica, incluyendo exilios políticos y migraciones económicas en ambas direcciones. Estas relaciones se consolidan ahora en la hermandad de parecidos sufrimientos ante los desastres que acarrean las políticas neoliberales (hoy en España, hasta hace diez años en Argentina). Las amenazas o insultos de ningún empresario o funcionario, así fuera el más alto de todos, podrá destruir estos vínculos. Dicen que la expropiación “afecta los intereses del pueblo español”. Falso: las grandes mayorías populares de España no se benefician de la actividad de la empresa multinacional Repsol. Dicen que se trata de un “falso nacionalismo” de Argentina. Mentira: las mejores tradiciones que han sabido defender, en cualquier parte del mundo, los intereses nacionales lo han hecho en democracia o luchando por la democracia, en función de las necesidades del conjunto del pueblo.
Es necesario defender el derecho argentino frente a las presiones de países, empresas y organismos internacionales. Es necesario que la soberanía sobre los hidrocarburos sea una política de Estado inscripta en las mejores tradiciones políticas. Es necesario el respeto a las decisiones de las instituciones democráticas de la República Argentina.

Las grandes mayorías argentinas apoyan las medidas. También tienen hoy una enorme expectativa frente a un desafío que saben que no será sencillo. Por una parte, porque todas esas presiones económicas y políticas son ejercidas por poderes reales. Por otra parte, porque se presenta la oportunidad de mostrar cómo el Estado puede ser legítimo y necesario protagonista en la gestión de una gran empresa estratégica, con justicia, controles sociales y protección del medio ambiente.

Un enfoque estratégico y un plan energético de mediano y largo plazos deberán entonces ser  partes vitales de tal esfuerzo, el marco indispensable para que la gestión estatal de YPF pueda dar sus mejores frutos. Una conducción profesionalizada de la nueva YPF y la eficacia de los controles económico-financieros a los que deberá estar sometida, tanto por parte del Ejecutivo Nacional como del Congreso y las Provincias asociadas, serán otras de las claves del éxito futuro de esta nueva etapa.


Firmas

Alejandro Grimson, Jorge Gaggero, Federico Schuster, Roberto Pianelli, Paula Abal Medina, Victorio Paulón, Claudio Marín, Aníbal Viguera, Marcelo Rudaeff (Rudy), Sandra Arito, Michael Cohen, Florencia Abbate, Alfredo Lattes, Julián Rebón, Diana Tussie, Luis Alberto Quevedo, Chantal Mouffe, Claudio Ingerflom, Pablo de Marinis, Ana Castellani, Laura Malosetti, Gabriel Katz, Alicia Azubel, Pablo Semán, Alfredo Pucciarelli, Julio Neffa, Carlos Bloch, Pablo Ferreyra, Sebastián Pereyra, Gabriel Noel, Damián Pierbattisti, Sergio Sorín, Ana Efrón, Mónica Abramzón, Natalí Incaminato, Rayen Castro, Gustavo Dalmazzo, Miguel Dalmaroni, Ezequiel Martínez, Vanesa Vázquez Laba, Ramiro Segura, Carlos Schonfeld, Lucila Schonfeld, Emiliano Torterola, Matías Freijedo, Rodolfo Kaufmann, Horacio Feinstein, Laura Agratti, Adrián Falco, Graciela Jacob, José Lipovetzky, María Graciela Rodríguez, Víctor de Zavalía, Gerardo Halpern, Ivana Merlo Rodríguez, Ana Bugnone, Paula Canelo, Alfredo Argento, Aurora Vázquez, Ana Mariel Weinstock, Jorge Kors, Laura Interlandi, María Eugenia Blanco, Karina Bidaseca, Carina Borrastero, Esther Bertani, Alfredo Llana, Guadalupe Moreno, Carlos Carballo, Osvaldo Pedroso, Ariel Lupo, Norma Raggi, Zulma Recchini, Silvia Crescini, Tomás Bover, Mariano García Inza, Tomas Hartmann, Andrés Mariasch, Juan Bautista Ritvo, Norma Kisel, Gustavo Abrevaya, Alberto Díaz, Jorge Eduardo Devesa, Ana Laura Lobo, María Angélica Santos, Eduardo Fischer, María Laura Elizalde, Rodolfo J. Beltramini, Juan José Estruch, Juan O'Farrell, Silvia García Espil, Adrián Martínez, Renata Hiller, Bernardo Milipán, Martín Labarca, Sara Barrón López, Dulce Suaya, María Eugenia Scheinfeld, Oscar Pocho Pianta, Carlos Giuliani, Horacio Fernández, Nicolás Dallorso, Alvaro Vives.



Envíe adhesiones a: argumentos12@gmail.com

TRABAJO


El colectivo en red Argumentos discutió en el encuentro del sábado 21 de abril realizado en el Hotel Bauen un borrador del documento sobre la cuestión del trabajo titulado "Primero de Mayo de 2012: Los/as trabajadores y el imperativo de transformación social en la argentina", en el que participaron activamente varios de sus integrantes, y decidió acompañarlo con su firma. Para acceder al documento completo y a sus firmantes ver http://primerodemayo12.blogspot.com.ar/ (estará disponible a partir del viernes 27 de abril).

Texto borrador para un debate

Derecho a la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo

Un camino hacia la libertad y la igualdad en nuestra democracia

En la Argentina nos encontramos transitando un proceso de cambios trascendentales en relación a la ampliación de Derechos en sectores que históricamente fueron relegados.

La ley de matrimonio igualitario es el hito histórico que marca una etapa de apertura al reconocimiento del pluralismo de identidades y legitima prácticas ya existentes, como la diversidad de organizaciones familiares.

Hoy, la discusión de la ley de identidad de género; el retiro de la figura de “avenimiento” del Código Penal; el avance sobre la punibilidad de los crímenes de género; la lucha del movimiento feminista y de mujeres por la incorporación del “Feminicidio” en la ampliación de los Derechos Humanos y las luchas por la imprescriptibilidad, y la actual propuesta de modificaciones del Código Civil y Comercial, demuestran la maduración de nuestra sociedad frente a prácticas sociales ya instaladas desde hace tiempo.

El fallo de la Corte Suprema de la Nación, ha sido un avance en la ratificación del derecho a interrumpir una gestación en los casos que la ley de 1921 ya toma como excepcionalidades de punibilidad. La obligatoriedad de las instituciones sanitarias y de sus agentes sobre la implementación de este derecho de las mujeres en todo el territorio argentino, marca un antes y un después de las ambiguas interpretaciones y sus consecuentes evasiones sobre dicho derecho.

La decisión del Máximo Tribunal se fundamenta en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Nacional, estableciendo que la práctica del aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación, y que las mujeres tienen el derecho a acceder a esa práctica sin permiso judicial. Asimismo, puntualiza en la obligatoriedad de la implementación de los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación: Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles y el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales.

Este es un momento propicio para salir de la discusión sobre la cuestión penal y empezar a discutir políticas públicas de la salud sexual y reproductiva. De esta manera, podremos llegar a cumplir con el argumento de la igualdad ya que este paradigma constitucional le impone al Estado argentino hacerse cargo de respetar, proteger y garantizar derechos económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos, y también la obligación de atender y responder ante situaciones especiales de desigualdad estructural. 

En la Argentina, se estima que se realizan entre 460.000  y 600.000 abortos por año  (casi un aborto por cada nacimiento). Y estamos frente a la situación que las mujeres abortan un promedio de 2 veces en su vida. Sabemos que es la principal causa de mortalidad materna, las estadísticas muestran un descenso de sólo el 23% en entre 1990 y 2008, la mitad de lo que ha alcanzado América Latina. Además, existen brechas importantes al interior del territorio nacional. Por ejemplo, la provincia de Formosa para el año 2008 tenía dos veces y media más que la tasa de MM del país. Esto da cuenta de las deudas internas y las desigualdades regionales, donde las mujeres que viven en una provincia y no en otra tienen más riesgo de morir cuando se encuentran en ciertas etapas del ciclo reproductivo: el embarazo, el parto y el puerperio[1].

También es sabido, que entregar cifras exactas es imposible porque la ilegalidad de la práctica impide su registro. No obstante, sí existen metodologías desde las cuales se hacen inferencias y estimaciones de la magnitud del problema. El método basado en las estadísticas por egresos hospitalarios[2] muestra, por ejemplo, que para 2005, 68.869 mujeres fueron internadas por complicaciones por abortos clandestinos. Cada una hora 7 mujeres egresan de un hospital público del país después de haber internado por complicaciones debido a un aborto [3].

En relación a las desigualdades, la MM por causalidad de aborto por provincia es un indicador que muestra la brecha desigual estructural dentro del territorio nacional. Por ejemplo, las provincias de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa y Tucumán tienen entre 3 y 4 de cada 10 MM por complicaciones de abortos inseguros. Y la Argentina no ha bajado su histórico 27% de muertes maternas por aborto, desde la década de los ´90.

El pasado martes 20 de marzo se volvió a presentar en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo hasta las 12 semanas de gestación y por sola decisión de la mujer. El mismo fue acompañado por más de 50 firmas de diputadas y diputados de todos los bloques partidarios, y quienes resaltaron que esta ley es sumamente necesaria para cuidar la salud de las mujeres, hacer justicia social y respetar los Derechos Humanos.

Consideramos que el derecho al aborto legal es un paso fundamental del reconocimiento del deseo y la decisión de la maternidad, rechazando la idea de “maternidad forzada” que hasta el momento obliga a las mujeres cuando no han funcionado los mecanismos de educación sexual y anticoncepción, y que castiga el ejercicio de la sexualidad libre y sin finalidad reproductiva.

La consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” es una propuesta integral que condensa la historia de la lucha de las mujeres en el terreno de la ampliación de derechos sexuales y reproductivos de las últimas décadas. El largo camino de detección y denuncia de desigualdades entre varones y mujeres ha demostrado que las mujeres y el movimiento de mujeres son un actor político crucial en el ejercicio político de visibilización y denuncia de las desigualdades y de transformación de la vida de las mujeres. Feminismo de la igualdad, de la diferencia, el posmoderno, queer y las poscoloniales son producto del proyecto histórico y colectivo de desarmar y subvertir las relaciones desiguales y jerárquicas de los género buscando la igualdad en el respeto las diferencias. 

Legalización del aborto, en términos de políticas públicas de diversidad y género es una medida crucial que tiene directa relación con la reproducción o la disminución de la desigualdad. La penalización del aborto es discriminatoria y reproduce las desigualdades ligadas a las diferencias de clase, edad, etnia, religión, entre las mujeres. Las mujeres con menor capital económico e información específica son quienes se ven obligadas a recurrir a métodos precario. El aumento de la mortalidad materna es mayor entre mujeres con menores recursos, adolescentes y menores de 24 años, y, especialmente, en los barrios carenciados del sur y oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Si las estadísticas oficiales de los últimos años muestran que el aborto inseguro es la segunda causa de muerte materna, muestran que se trata de un problema de salud pública y que la respuesta del Estado debe ser integral y urgente. El aborto es el último recurso al que una mujer llega por una serie de razones que implican la responsabilidad del Estado: porque no ha recibido educación sexual, porque no ha accedido a un método anticonceptivo, o bien porque su embarazo ha sido producto de una violación o abuso sexual.

La legalización del aborto exige la despenalización a las mujeres que lo practican y el acceso garantizado en todos los centros de salud.

 

Como medidas complementarias sostenemos la aplicación de la Ley de Educación Sexual; consolidación del modelo de creación de “Consejerías pre y post aborto” que se ofrecen en algunos hospitales públicos; talleres de capacitación del personal de salud en acompañamiento e información sobre anticoncepción y acceso gratuito a todas las formas de los métodos anticonceptivos (que además forma parte del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2003) y en la atención en el momento de la decisión; distribución de anticonceptivos en los hospitales y asesoramiento del uso del misoprostol; realización de publicaciones y campañas populares y masivas con información básica sobre salud sexual y reproductiva.

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[1] Mariana Romero, “Mortalidad materna en Argentina: deudas y oportunidades”, en Seminario de Acceso a la Justicia Reproductiva, CDD-INSGENAR, 2011.

[2] En Silvia Mario y Edith Pantelides, “Estimaciones de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”, Notas de Población Nº87, CEPAL, 2009.

[3] Mariana Carbajal, “El aborto en debate”, Buenos Aires, Paidós, 2009.